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Privatizaciones, el revival menemista con daños irreversibles

Viernes, 26 de Enero 2024

El proyecto de Ley Ómnibus, pese a las modificaciones y posterior postergación de su tratamiento, sigue planteando la privatización de empresas públicas, lo que implicaría la venta del patrimonio nacional, una gran pérdida de soberanía y un daño irreparable para un futuro desarrollo industrial

Por: Lucila Rivolta de Cepa Rosario

Para empezar, la pregunta que inevitablemente surge después de las consecuencias desastrosas de las privatizaciones en la década de los 90 es: ¿con qué argumentos o datos justifican tal decisión?

El  artículo 8 de la Ley, que enumera las empresas “sujetas a privatización” no discrimina si son o no rentables, si proporcionan o no un bien público, si sirven o no al interés nacional, si su eliminación reportaría una mejora de algún tipo para la sociedad o si el mercado absorbería o no esa función. Desde un informe publicado por CEPA, se analizan diferentes casos. Los ejemplos más paradigmáticos son YPF -excluida de las privatizaciones en la reciente modificación-  y el Banco Nación, que lejos están de ser empresas deficitarias y son centrales para sus sectores.

En 2023, YPF tuvo una enorme rentabilidad: EBITDA (ganancia después de impuestos) de 1.000 millones de dólares por trimestre, en los primeros 3 meses. Más aún, entre 2020 y 2023, registró un incremento en la producción de hidrocarburos del 11,3%, el mayor crecimiento de los últimos 25 años.

Cabe destacar que, gracias a los riesgos de exploración y desarrollo asumidos por el Estado Nacional a través de YPF, se realizó la curva de aprendizaje que permitió el desarrollo económico de Vaca Muerta. Además, como potencial desarrollo para la formación de no convencionales se encuentra Palermo Aike, ubicado en la provincia de Santa Cruz. Estas exploraciones representan la generación de inversiones y trabajo, importantes para el desarrollo productivo de Argentina. La venta de YPF significaría una pérdida irreparable, el abandono de la búsqueda de soberanía energética y la entrega, a mano de privados, de un recurso estratégico desde el punto de vista del desarrollo así como desde una mirada internacional.

Por su parte, el Banco Nación, que se intentó privatizar en la década de los 90 y no se pudo, gracias a la resistencia que impusieron tanto sus empleados como amplios sectores sociales que, atentos a las consecuencias que ya se experimentaban producto de privatizaciones de otras empresas estatales, se plegaron a la defensa del Banco. Esta institución financiera, fundamental en la vida económica del país, vuelve a la lista por ser “ineficiente”. Paradójicamente, los resultados del BNA muestran lo contrario, y desde el oficialismo sólo se argumenta que siendo privado “puede tener mejores rendimientos”.

A octubre de 2023, el BNA tuvo un resultado de $667 mil millones, siendo su cuarto año de balance positivo y, además, tiene más de $13 billones en depósitos públicos y privados codiciados como fondeo por la competencia. En dólares, el Patrimonio Neto creció sustancialmente: desde 2019 hasta 2023, al tipo de cambio oficial crece más de 332% y, al tipo de cambio MEP, el patrimonio también creció, al 116%.

A su vez, el banco estatal cumplió (y cumple) un rol fundamental para los productores agropecuarios, las pymes y los comercios, garantizándoles el acceso al crédito, alentando la inversión productiva en momentos donde la economía argentina estaba debilitada debido a la sequía y la pandemia. En los últimos 4 años, las empresas asistidas con crédito pasaron de 47.500 a 67.500 (un 42% más). En el 2023 el banco, con la línea Crédito Argentino (CREAR) otorgó financiamiento para inversión con tasas bonificadas a casi 3 mil empresas, por un total de $130 mil millones.

En definitiva, privatizar una empresa como el Banco Nación no tiene razón de ser, más que regalarle un negocio a los amigos del poder económico.

Hay otras empresas que ocupan un rol estratégico en sectores de la economía del país, sean rentables o no. Su privatización implicaría desregulaciones y pérdida de soberanía.

Aerolíneas Argentinas, se encamina a reportar un superávit comercial de 32 millones de dólares, sin recibir los aportes del Estado Nacional correspondientes al presupuesto asignado para 2023. Además, la aerolínea de bandera conecta exclusivamente a 42 rutas federales, siendo la única aerolínea que llega a 21 destinos de cabotaje, lo que implica la construcción de un país federal, contribuyendo al desarrollo social y económico del mismo. Claro está, que ninguna aerolínea privada, por temor a que sus ganancias se reduzcan, sumaría estos destinos.

ARSAT reduce la brecha digital entre pequeñas localidades y grandes ciudades y es responsable de 36 mil km de fibra óptica, exportando servicios a Chile, EE.UU. y México. Anualizando los 600.000 dólares de ingresos de noviembre de 2023, se estiman ingresos por 7,2 millones de dólares.

Nucleoeléctrica Argentina (NA.SA), se trata de un sector estratégico en el desarrollo y comercialización de energía nucleoeléctrica a través de las Centrales Nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, y colabora en la construcción del primer reactor nuclear modular de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina. Dioxitex, produce dióxido de uranio, cumpliendo un rol clave dentro del ciclo de combustible nuclear que domina un grupo selecto de 12 países. La Argentina es, sin duda, un país nuclear.

En el caso de las empresas que brindan servicios esenciales para el conjunto de la sociedad argentina, se encuentran:

–        ENARSA, que tiene a su cargo el desarrollo de infraestructura energética. De hecho, el 36% de las transferencias que recibió en 2023 fueron destinadas a gastos de capital, en especial a la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que significó un ahorro de 1.400 millones de dólares (sólo en el segundo semestre de 2023)

–        AYSA, que brinda servicios de agua potable y desagües cloacales. En los últimos 4 años, a más de 1 millón de usuarios.

–        FERROCARRILES ARGENTINOS, que hoy cumple un rol esencial en comunicar y conectar a la nación entera (la privatización de los 90, implicó el desabastecimiento del servicio público, con terribles consecuencias en localidades donde el ferrocarril era el nodo que conectaba con el resto del país)

El listado continúa, con empresas como Fabricaciones Militares; Correo Oficial de la República Argentina; Banco Argentino de Desarrollo (BICE); Corredores Viales S.A.; Tandanor; FADEA Fábrica de Aviones “Brig. San Martín” S.A.; y Télam y Radio y Televisión Argentina, que garantizan el acceso a la información y comunicación desde una perspectiva federal y representan sólo el 0,017% del PBI.

Al realizar un análisis del impacto de estas masivas privatizaciones, se observa un efecto grave de irreversibilidad, donde no sólo se rematarían empresas con un rol estratégico y fundamental en el pueblo argentino, sino también, aquellas que son altamente rentables en términos económicos para el Estado Nacional.

En conclusión, la venta de estas empresas públicas que intenta con tanta premura el gobierno de Javier Milei, tiene como principal objetivo la habilitación de negocios nuevos o la ampliación de los existentes, en beneficio de unos pocos privados (extranjeros y nacionales) –el poder económico- y, a costa de la calidad de vida de las y los argentinos.

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