Con un nivel de vacantes juduciales que supera el 35% en la justicia federal y alcanza porcentajes aún mayores en fueros sensibles, el funcionamiento del sistema de selección de jueces quedó nuevamente bajo análisis institucional. En ese contexto, ingresó al Consejo de la Magistratura un conjunto de proyectos reglamentarios que proponen modificar distintos aspectos de los concursos públicos de oposición y antecedentes -desde la elaboración y corrección de exámenes hasta la evaluación de antecedentes, las entrevistas personales y la conformación del orden de mérito- con el objetivo de introducir criterios más explícitos, estandarizados y trazables en el proceso de designación de magistrados.
La magnitud de las vacancias constituye uno de los datos estructurales más relevantes del sistema judicial argentino. Según evaluaciones internacionales, alrededor del 35% de los cargos de la justicia federal se encuentran sin cubrir. En el fuero de seguridad social, el porcentaje supera el 58%, mientras que en el fuero penal económico ronda el 38%. A esto se suma la situación del Ministerio Público Fiscal, donde en áreas vinculadas a delitos económicos complejos las vacantes alcanzan niveles cercanos al 60%.
Ese escenario fue señalado en informes del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que examinó puntualmente la capacidad del Estado argentino para investigar corrupción y delitos económicos complejos. En sus evaluaciones, el organismo internacional identificó como ejes que hacen a la arquitectura del esquema judicial: el nivel de vacancias, la opacidad y lentitud de los procesos de selección de magistrados y la falta de estadísticas públicas confiables. Por otro lado llamó la atención respecto al retraso en la implementación del sistema procesal acusatorio y advirtió por los déficits en materia de ética judicial.
En ese marco, durante 2025 ingresó formalmente al Consejo un paquete de iniciativas reglamentarias cuyo tratamiento podría comenzar en el transcurso de este período. Las propuestas fueron presentadas por la consejera Jimena de la Torre en su carácter de vicepresidenta de la Comisión de Selección y Escuela Judicial y en representación del estamento de la abogacía del organismo. Los textos abarcan cinco ejes centrales del sistema de concursos y parten de un diagnóstico común: la existencia de márgenes amplios de discrecionalidad, falta de homogeneidad en los criterios de evaluación y debilidades en la trazabilidad de las decisiones a la hora de conformar las ternas que se elevan para su acuerdo.
