Reforma previsional: en una jornada legislativa de alto voltaje, el Senado va por la media sanción

Jueves, 5 de septiembre 2024

Unidos tiene los votos para aprobar este jueves el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial. Diputados lo convertiría en ley dentro de una semana. Gremios estatales, entre ellos el de docentes, paran y marchan para expresar su oposición a la iniciativa. Pullaro advirtió que descontará el día a quienes no vayan a trabajar

Alto voltaje tendrá la jornada legislativa de este jueves en la Legislatura. El Senado tratará y seguramente le dará media sanción, con el voto del bloque mayoritario de Unidos, al proyecto de reforma previsional enviado por el Poder Ejecutivo que busca reducir en alrededor de un 30 por ciento el déficit de la Caja de Jubilaciones del personal del Estado provincial. 

La sesión en Santa Fe se desarrollará mientras afuera del edificio habrá una protesta de algunos de los gremios que representan a los empleados de la administración pública, entre ellos docentes y judiciales, que llamaron además a un paro de 24 horas para resistir el proyecto. A la par, la Intersindical Rosario realizará una movilización convocada para las 15 en la plaza San Martín en rechazo a la reforma previsional provincial y al veto a la reforma jubilatoria nacional.

Esto no amilana al gobierno de Maximiliano Pullaro, dispuesto a jugar a fondo. El mandatario, que el lunes en Rosario dijo que la reforma previsional busca terminar con los privilegios de los que “creían tener coronita” como los jueces, también advirtió que le descontará el día a quienes no trabajen este jueves.

“Los que se manifiestan son los sindicalistas que pierden los privilegios, al maestro que está frente al aula no se le toca ningún derecho. Se terminan los privilegios en la provincia para poder tener un Estado eficiente y equilibrar la Caja de Jubilaciones. Si hay un paro, lo vamos a descontar. Está el derecho a hacer paro, yo tengo el derecho a descontar. Acá los chicos tienen que ir a la escuela, por eso los docentes que hagan paro no van a cobrar el día”, sostuvo Pullaro.

Lo cierto es que más allá de lo que haga la oposición, el proyecto de reforma previsional llegó a la Legislatura con el consenso de todos los partidos que integran el frente oficialista Unidos, que tiene mayoría en ambas cámaras. Con lo cual, el gobierno tiene garantizada la media sanción de este jueves en el Senado, mientras que el 12 el proyecto se trataría en Diputados. Si la Cámara baja introduce alguna modificación, ese mismo día la Cámara alta podría darle la sanción definitiva al proyecto.

El proyecto

La iniciativa podría dividirse en de dos partes: por un lado la declaración de la emergencia previsional por el plazo de dos años y por otro las modificaciones a los regímenes jubilatorios para los empleados de la provincia.

La emergencia establece un aporte solidario que los beneficiarios de la Caja (actuales o futuros) deben realizar sobre el total del beneficio que perciben, durante el plazo de vigencia, con descuentos que van del 2% al 6% de acuerdo al beneficio percibido. Los que perciban más de una prestación de la Caja realizarán el aporte solidario sobre la sumatoria de ambos beneficios, en tanto que no realizarán aportes solidarios quienes perciban beneficios inferiores a las dos jubilaciones mínimas.

Respecto del personal en actividad, realizarán el aporte solidario durante 36 meses y por un equivalente a un 2,77 % del haber quienes ocupen un cargo de conducción política o de gabinete, y que haya ingresado desde el 11 de diciembre de 2023 en adelante.

Un punto fundamental de la reforma es un nuevo régimen de aportes de los activos, que pasarán a ser progresivos. Actualmente todos aportan un 14 %, pero el proyecto propone que los aportes se incrementen en base a un nuevo cálculo que va del 15,5% al 21% dependiendo del ingreso percibido. Es decir que quien más gana, más aporta, e incluye a todos los trabajadores y funcionarios de los tres poderes.

También se implementa un tope de haberes para los pasivos: actualmente hay beneficiarios que cobran un equivalente de hasta 32 jubilaciones mínimas, pero con este proyecto se aplica un límite por el cual nadie cobrará más de 20 jubilaciones mínimas. Puesto en números, hoy un juez de la Corte podría acceder a una jubilación de más de 12 millones de pesos, con el nuevo régimen rondaría los 8 millones.

El proyecto mantiene las edades actuales para acceder a la jubilación: 60 años para las mujeres y 65 para los varones y 30 años de servicios, aunque el gobernador podrá modificarlas por decreto si eso sucede a nivel nacional.

En relación al régimen docente, se establece como principio general que se accede a los beneficios con 60 años tanto para hombres como para mujeres, en orden a equiparar el tratamiento con independencia del género. No obstante, se priorizan las tareas propias docentes, en tanto, se pueden acceder a los beneficios con 57 años de edad y 30 de servicios siempre frente al aula, con cargo directivo o supervisión, se pueden jubilar ambos con el 76% se incrementará un (2%) por cada año de servicio docente trabajado, hasta llegar al tope del (82%), estableciendo asimismo la progresividad de la aplicación. 

Las modificaciones también alcanzan al Régimen Policial, que incluye al personal de la Policía de la Provincia, la Dirección General del Servicio Penitenciario, y del Iapip. En este caso, se propone que los aportes serán del 17% al 20% de su remuneración dependiendo del cargo que revistan y de la institución a la que pertenezcan.

El proyecto de reforma también establece disposiciones transitorias, algunas de las cuales establecen que los trámites de jubilación en curso al momento de publicarse la ley en el Boletín Oficial, serán analizados por la Caja y, en caso de obtener dictamen favorable, podrán acceder al beneficio conforme el régimen anterior. Mientras, aquellos trámites que cuentan con dictamen favorable y fueron paralizados por voluntad del beneficiario por más de 6 meses, accederán al beneficio con el régimen jurídico vigente al momento del cese de la prestación de servicios. Pero si el beneficiario quiere seguir en actividad deberá comenzar el trámite de nuevo.

Esto abarca principalmente a jueces, entre ellos tres de la Corte, que tienen la jubilación otorgada pero demoran el retiro a pesar de que ya superaron incluso los 75 años de edad que la Constitución impone como límite para el ejercicio de sus funciones.