En medio de la desaparición de Loan, el Senado analizará dos proyectos claves para penalizar la comercialización de niños
Jueves, 27 de junio 2024
Las iniciativas se tratarán en el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
La conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido hace dos semanas en la provincia de Corrientes, también llegó al Congreso. Este jueves, el Senado comenzará a tratar dos proyectos que tipifican la sustracción y/o comercialización de menores de edad.
Será en el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, que se llevará a cabo este jueves a las 15 en el Salón Arturo Illia.
Allí se pondrán a discusión dos iniciativas impulsadas por la senadora radical Carolina Losada que durante la gestión anterior no fueron tenidas en cuenta en la Cámara Alta.
La primera ley activaría «prisión de tres (3) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación».
En los fundamentos, la legisladora argumento: «Debido a la falta de convocatorias a Sesiones Ordinarias de la anterior gestión de este Honorable Senado el dictamen conjunto sobre tipificación de ‘compra’ y ‘venta’ de niños acordado con fecha 19/10/22 (S-404/21, S-1232/22 Y PE-106/22. 06-02-2024) caducó por renovación bienal del cuerpo. Se trata de una problemática sumamente grave y aún sigue siendo una gran deuda para nuestra sociedad».
Por su parte, el segundo proyecto establece: «El que promoviere, facilitare, incitare, indujere o instigare la corrupción de menores de 18 años con fines delictivos, será reprimido con prisión de 3 a 6 años. La pena será de prisión de 6 a 10 años cuando el niño o adolescente fuera menor de 13 años. Cualquiera fuese la edad del menor, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, o por pago o promesa remuneratoria, como también si el autor fuera ascendiente, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de la educación o guarda».
Asimismo, la iniciativa que cuenta con la firma del radical Pablo Blanco y la integrante del PRO, Guadalupe Tagliaferri, plantea que las penas se agravarán «de un tercio a la mitad en caso de funcionario público o miembro de fuerza de seguridad, como asimismo en caso de que las conductas delictivas llevadas a cabo por el niño, niña o adolescente fueran de los tipos penales descriptos en la ley de estupefacientes Nº 23.737».
